Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer compartimos el manifiesto de la Fundación Cermi Mujeres
‘Yo decido’
60 millones de mujeres y niñas de la Unión Europea vivimos con una discapacidad (el 25,9% de la población femenina) y afrontamos una discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida.
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, así como la capacidad jurídica, son principios fundamentales que no se garantizan. Como consecuencia, no podemos ejercer todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con las demás personas.
A pesar de que todos los países de la Unión Europea han ratificado los tratados de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres (CEDAW) y sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD), muchos Estados han arbitrado medidas legales que nos despojan de esa capacidad para ejercer nuestros derechos y poder tomar decisiones sobre nuestras propias vidas.
La denegación histórica y sistemática del derecho a tomar nuestras propias decisiones es un reflejo de los estereotipos discriminatorios y nocivos contra las mujeres y niñas con discapacidad que pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos, de la sociedad y, en muchos casos hasta de las familias, de comprender y respetar nuestra dignidad como mujeres y niñas, en suma. Estas restricciones contrarias a los derechos humanos, disfrazadas de mecanismos de protección, son formas de violencia machista y capacitista contra nosotras.
En virtud de estos procedimientos denegatorios de nuestra dignidad muchas de nosotras hemos perdido la custodia de nuestras hijas e hijos y nos hemos sentido amedrentadas por nuestros maltratadores ante la amenaza de ser incapacitadas legalmente, de ser anuladas como ciudadanas.
En la práctica, esto supone ignorar nuestras opiniones como mujeres con discapacidad y sustituir nuestras decisiones por las de terceras personas, incluidas aquellas que ejercen de representantes legales, proveedores de servicios, tutores, tutoras y miembros de la familia. No se puede imaginar una forma de violencia más cruel.
Por todo ello, en este 25 de noviembre, las mujeres y niñas con discapacidad europeas EXIGIMOS:
1 Que se ponga en marcha una Macroencuesta europea específica sobre la violencia de la que somos objeto las mujeres y niñas con discapacidad, que tome en consideración como forma de violencia machista y capacitista las restricciones a tomar nuestras propias decisiones.
2 La efectiva aplicación en las políticas de la Unión Europea de las prescripciones normativas contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
3 Que se garantice en todos los países de la Unión Europea la accesibilidad universal, incluyendo cualquier tipo de apoyo que sea necesario para la toma de decisiones de las mujeres y niñas con discapacidad, en todos los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización.
4 Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo la asistencia legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, contemplando ajustes de procedimiento adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación, a la asistencia humana y a productos y tecnologías de apoyo que elijamos las mujeres con discapacidad en nuestras relaciones con el sistema de justicia.
5 Que se pongan en marcha de forma urgente mecanismos de vigilancia por autoridades independientes con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, colegios de educación especial, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros, sean supervisados efectivamente para impedir que se produzcan casos de negligencia, malos tratos, abuso, acoso y violencia contra mujeres con discapacidad, incluida la pérdida de su capacidad jurídica.
6 Que la futura Directiva para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica tome en consideración a las mujeres con discapacidad y tipifique como delito la esterilización y anticoncepción forzada y del aborto coercitivo como formas de violencia contra las mujeres.
7 Que la Tarjeta Europea de Discapacidad incorpore una perspectiva de género y garantice a las mujeres y niñas con discapacidad una movilidad libre y segura en la Unión Europea, protegiéndolas contra la violencia, la trata y la explotación sexual.
8 Que la Unión Europea designe en 2025 el “Año Europeo de las Mujeres y Niñas con Discapacidad” como punto de inflexión para fortalecer la toma de conciencia sobre
nuestra situación específica y derechos fundamentales, y para poner en marcha medidas de aceleración que cambien verdaderamente la trayectoria de nuestro destino.
¡PORQUE ES NUESTRA VIDA, NOSOTRAS DECIDIMOS!